La plataforma Todoscontraelcanon, integrada por 26 organizaciones de la industria y asociaciones de consumidores, presentaron ante el Ministerio de Industria más de un millón de firmas conseguidas que se manifiestan en contra de la implantación del canon digital por copia privada que gravará los dispositivos electrónicos. Esta institución creada hace un año, está integrada por patronales de tecnologías de la información como AETIC, ASTEL, ASIMILEC o AEDOC Digital, asociaciones profesionales como RITSI, ALI o AETI, representantes de consumidores como FACUA y CACCU o en internet, AUI o Asociación de Internautas, asociaciones de software libre como Hispalinux o la publicación CCOO COMFIA.

Junto con las firmas que están siendo recogidas a través de la página web de Todoscontraelcanon, la plataforma ha hecho público un manifiesto en el que recuerda que la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual y la implantación del canon digital está recurrida ante la Comisión Europea, que aún no se ha pronunciado. La nota señala que con el canon se da "beneplácito para que dos o más entidades de gestión de derechos de autor" saquen provecho en común de un adelanto tecnológico lo que "vulnera los principios de la Ley española de la Competencia, y en especial, los artículos 85 y 86 del tratado de la CE, y el 65 y 66 del Tratado de la CECA, sobre acuerdos restrictivos de la competencia y los abusos de posición dominante, además de establecer el derecho a la copia y lo contrario en el mismo texto".

El comunicado sostiene que el canon digital genera un gran impacto económico en el mercado de la UE, que ya llevó en diciembre de 2005 al cierre de Bocsa, la única fábrica española de soporte virgen que quedaba, incapaz de competir en un mercado en el que el gravamen a aplicar suponía (en diciembre de 2005) un 40% del precio de venta..

En cualquier caso, la plataforma solicita participar en la fijación de las cuantías y soportes sujetos a canon. Al mismo tiempo quiere que se limite la cuantía máxima del mismo en función del precio del producto, que se informe al consumidor de lo que supone el gravamen en el precio del dispositivo que adquiere y que se prohíba la redundancia del impuesto al intervenir varios dispositivos para hacer una sola copia.

También reclama que se exima de su pago a organizaciones administrativas, asociaciones, organizaciones no gubernamentales y colectivos, así como a empresarios y autónomos que no hacen uso de los soportes y equipos para almacenar contenidos protegidos por los derechos de autor.

La entrega de estas firmas se produce cuando está a punto de concluir el plazo para que los ministerios de Industria y Cultura publiquen la normativa que determine qué productos serán gravados y cuánto. Sin embargo, podría retrasarse debido a la diferencia entre los criterios esgrimidos por ambos ministerios. Los ministros de Industria y Cultura, Joan Clos y Carmen Calvo respectivamente, señalaron hoy en distintos foros que están trabajando para conseguir un canon digital razonable, aunque confirmaron la dificultad de conseguirlo dentro del plazo establecido.


El ministro de Industria recordó que el canon digital de los dispositivos establecido en la Ley de Propiedad Intelectual para compensar a los autores por la copia privada, debe acordarse entre ambas partes (industria y sociedades de gestión de derechos) y en caso de no llegar a un acuerdo, debe intervenir el Gobierno.

Por otro lado, Carmen Clavo reiteró que es imposible sostener la gratuidad absoluta de las transformaciones e insistió en que Industria y Cultura tienen posiciones que todavía tienen que tratar de ajustar ya que "el Gobierno esta empeñado en proteger la propiedad intelectual".

Mientras tanto todo sigue igual: las gestoras de derechos de autor exigen más firmeza contra lo que consideran un prejuicio contra sus ingresos anuales apoyadas por el Ministerio de Cultura, mientras que los fabricantes y usuarios exigen mayor flexibilidad en la aplicación del canon compensatorio que consideran abusivo y poco menos que ilegal apoyados por el Ministerio de Industria. Y el gran perjudicado, el usuario de a pie, sigue pagando cuando compra un equipo nuevo, cuando compra un original y cuando compra un soporte de grabación digital, independientemente de si el soporte se va a utilizar en el equipo para duplicar el original o no.