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Hace una semana el gobierno decidió retirar del redactado final el polémico artículo de la nueva ley de Internet que permitiría a las entidades que gestionan derechos de autor cerrar sin orden judicial las páginas web que, presuntamente, vulnerasen estos derechos. Ayer, el Ministerio de Industria envió al Consejo Asesor de Telecomunicaciones un anteproyecto de ley que incluía el polémico artículo corregido y aumentado, ya que además, amplía la capacidad de cierre a las redes de intercambio peer to peer (P2P) entre particulares.

La polémica sobre el artículo 17 bis de la Ley de Impulso de la Sociedad de la Información (LISI) estalló la semana pasada, cuando la Asociación de Internautas denunció que ese punto se había incorporado tardíamente a la LISI y sin que ninguno de los miembros del Consejo Asesor de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (CATSI), que agrupa a los expertos del sector y asesora al Ministerio de Industria, tuviese ocasión de revisarlo. La organización hacía público también un dictamen del Consejo de Estado, que criticaba el artículo tanto por su tramitación como por su contenido.

El artículo 17 bis autorizaba a las entidades gestoras de derechos de autor (entre ellas la SGAE) a obligar (no solicitar) a los proveedores de acceso a Internet a bloquear el acceso a las páginas web que contengan información presuntamente (ignorando, como es habitual en todas las acciones de estas entidades, el derecho a la presunción de inocencia que garantiza la Constitución Española) protegida por derechos de autor.

Fuentes del Ministerio aseguraron ayer que se ha enviado este texto al CATSI no porque se quiera aprobar como tal, sino para realizar una reflexión a partir de él. Ayer, el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos, garantizó en el Senado que el texto de la LISI no incluirá el artículo 17 bis y que su redactado quedará como estaba previsto inicialmente.

El artículo levantó tal polémica entre los usuarios de Internet que el Gobierno se avino a retirarlo, siendo la LISI finalmente aprobada el pasado viernes sin incluirla. Sin embargo, y para hacer frente a las críticas recibidas de las entidades gestoras de derechos, el ministerio aseguró que abriría un proceso de consulta a todos los afectados sobre cómo mejorar el respeto a los derechos de autor en la red. Menos de una semana más tarde, los miembros del CATSI recibían la documentación para preparar la reunión que mantendrán el próximo 26 de abril. En el tercer punto del orden del día, aparece un documento titulado Anteproyecto de ley sobre procedimiento de notificación de presuntas infracciones de derechos de propiedad intelectual a través de los prestadores de acceso a Internet. Es decir, el artículo 17 bis redactado como anteproyecto individual. Y no se limita a los supuestos incluidos en la versión que se acabó cayendo de la LISI. Ahora, además de permitir que las entidades soliciten el cierre de webs sospechosas, les otorgaa licencia para actuar contra los infractores que usen sistemas P2P de intercambio de archivos. Lo que todavía no queda claro es si las entidades gestoras podrían denunciar no sólo a las páginas que contengan enlaces a material protegido, sino también a los usuarios particulares de dichos servicios.