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La lucha contra la piratería sigue enfrentando a Gobierno, asociaciones de internautas y gestoras de derechos, que abandonaron la reunión del Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información (CATSI) tras calificar de burla y fracaso la intención de Francisco Ros, Secretario de Estado de Telecomunicaciones, de abrir un debate sobre la aprobación de una norma que permitiría a las sociedades de derechos cerrar webs que distribuyan contenidos pirateados.

La regulación del cierre de páginas de Internet por infracción de los derechos de autor es un asunto que el Gobierno decidió incluir en una ley independiente después de eliminarlo del anteproyecto de Ley de Impulso de la Sociedad de la Información (LISI), aprobado por el Consejo de Ministros la semana pasada. Uno de los borradores de ese texto incluía el polémico artículo 17 bis, que atribuía a las entidades gestoras la potestad de proponer el cierre de webs que presuntamente incumpliesen la normativa sobre derechos de autor, pero tras protestas de las asociaciones de consumidores el Gobierno decidió desvincularlo de la LISI y proponerlo como texto independiente.

Para debatir sobre esa norma se había invitado al encuentro a las entidades de gestión, que han tachado de fracaso y burla la reunión tras escuchar que Ros pedía un nuevo plazo de dos meses para discutir desde cero las medidas a adoptar para combatir la pitatería en internet. El Director de Relaciones Corporativas de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), Pedro Farré, opina que el Ministerio de Industria no demuestra la más mínima voluntad de sacar adelante el procedimiento de aviso y retirada de contenidos piratas. El representante de la SGAE afirma que los miembros de este consejo asesor no han mostrado la más mínima sensibilidad sobre el fenómeno de la piratería, mientras que el presidente de los Productores de Música de España (Promusicae) y de la Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI), Antonio Guisasola, considera que es una burla empezar de cero cuando el sector industrial rechazó todas las propuestas.

El Ministerio de Industria, por su parte, insiste en que no aprobará una norma jurídica que otorgue a las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual capacidad para promover el cierre de páginas web que puedan ejercer supuestas actividades ilegales, ni dentro del articulado de la Ley de Impulso a la Sociedad de la Información (LISI) ni en otra independiente, según ha confirmado un portavoz del Ministerio, que explicó que desde el Gobierno se busca un debate abierto para encontrar el entendimiento en materia de protección de la propiedad intelectual en Internet.